.

.

lunes, 19 de mayo de 2014

LA MANCOMUNIDAD 1914-1925

Como este año, tenemos doble conmemoración, 1714-1914-2014, voy a intentar hacer un breve resumen de lo que fue la Mancomunidad Catalana; de la que, sinceramente, hasta hace pocos años no había oído hablar. Lógico, aunque sentó las bases y dio un paso importante hacia la futura República y el Gobierno de las Generalitat, duró muy poco y en mis años de colegio no se estudiaban esas cosas; si se pasaba por encima de la historia española, huelga decir que la catalana ni existía. 
Vamos a ello.

La implantación del sufragio universal masculino en 1890 y la unificación del Plano de Barcelona, que creó una entidad municipal cercana al medio millón de personas, variaron de  forma sustancial el panorama político en la capital y, progresivamente, en el resto de Cataluña. 

En Barcelona, en 1901, la celebración de elecciones municipales dio como resultado el arrinconamiento de los partidos dinásticos y el primer esbozo de un sistema de partidos moderno, con la Liga Regionalista y los republicanos como fuerzas hegemónicas. 
A partir de este triunfo electoral, revalidado en 1903, las Diputaciones provinciales, hasta entonces denostadas por los regionalistas, se convirtieron en objetivo a conquistar, como segunda plataforma –después del municipio de Barcelona- para reconstruir la personalidad y el panorama político de Cataluña.

En 1903, el ministro Antoni Maura presentó un proyecto para la reforma de la administración local que hablaba de “mancomunidades municipales” para prestar servicios de interés compartido. 

En 1904, los diputados de la Liga presentaron una enmienda al proyecto de Maura que consistía en pedir que el derecho a mancomunarse se hiciera extensivo a las Diputaciones, para impulsar enseñanzas técnicas, agrícolas y comerciales, crear bibliotecas y museos, conservar monumentos, repoblar bosques, de obras públicas de todo tipo y constituir puertos francos y otras instituciones para el fomento de la exportación. 

El año de la constitución de la Solidaridad Catalana, 1906, se reunió por primera vez, en Barcelona, la asamblea general de las Diputaciones provinciales de España, en la cual Enric Prat de la Riba presentó un diseño para las mancomunidades provinciales, con competencias en obras públicas y comunicaciones, beneficencia y enseñanza universitaria y transferencia de los recursos fiscales necesarios para hacerle frente. 

En las elecciones provinciales del 10 de marzo de 1907, el gran triunfo de Solidaridad Catalana dio a Prat de la Riba la presidencia de la Diputación de Barcelona, que fue revalidando hasta el año de su muerte prematura, en 1917. Una de las primeras decisiones de Prat de la Riba fue la creación del Instituto de Estudios Catalanes, que fue alojado en el mismo Palacio de la Generalitat. La nueva formulación del proyecto Maura, presentado en las Cortes en junio de 1907, contenía ya el reconocimiento del derecho de mancomunación en las provincias. 

En el otoño de 1911 las cuatro Diputaciones Catalanas se pusieron de acuerdo en las bases de la Mancomunidad, que fueron presentadas por Prat al presidente del gobierno José Canalejas como "la prueba más sólida, más irresistible, de la capacidad de un pueblo para aspirar a las amplias funciones de autogobierno".
(A la izquierda, fotos de los cuatro presidentes de la Diputaciones provinciales.)

La crisis de Solidaridad en 1908, la Semana Trágica, que hizo caer al gobierno de Maura en 1909, y el asesinato de Canalejas en 1912, entre otros obstáculos, retrasaron y, finalmente, frustraron la aprobación de la ley de reforma de la administración local. 

En 1911, Rovira i Virgili ese año, quien dijo que el nuevo organismo no se tendría que denominar Mancomunidad, término que consideraba un arcaísmo castellano, sino Generalitat, por toda la carga de voluntad autonomista que conlleva esta palabra. Finalmente, el gobierno presidido por Eduardo Dato, permitió, con decreto de 12 de diciembre de 1913, la mancomunación de diputaciones provinciales españolas para atender necesidades administrativas compartidas. 
La posibilidad, que sólo fue aprovechada por las provincias catalanas – Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona-, permitió que aflorara nuevamente la entidad política de Cataluña dentro del Estado español.

La asamblea formada por los diputados de las cuatro provincias -36 por Barcelona y 20 por cada una de las otras circunscripciones- eligió a Enric Prat de la Riba, líder de la Liga Regionalista, como presidente de la Mancomunidad el día 6 de abril de 1914. 

Además de la asamblea y del presidente, la Mancomunidad constaba de un Consejo ejecutivo con ocho consejeros, en principio dos por provincia y, en su conjunto, representativos del abanico político catalán. 
Aunque el Estado no transfirió a la Mancomunidad otras competencias y recursos que los de las Diputaciones provinciales, el peso relativo del nuevo organismo y la cohesión política de los catalanistas alrededor del fuerte liderazgo de Prat de la Riba permitió una importante tarea en áreas como las obras públicas, los servicios de asistencia social y la educación y la cultura, con efectos ejemplares y duraderos. 

A la muerte de Prat de la Riba en 1917, la presidencia recayó en la persona de Josep Puig i Cadafalch. 
El segundo presidente de la Mancomunidad intentó estabilizar la acción positiva de la institución en un contexto económico y social progresivamente enrarecido, que, finalmente, comportó que la Liga favoreciera el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. El dictador destituyó a Puig y nombró nuevo presidente en la persona del monárquico Alfonso Sala, conde de Egara, antes de proceder a la supresión de la Mancomunidad el 20 de marzo de 1925.